Los esfuerzos por mejorar la gestión en las organizaciones son numerosos y de todo tipo, pero no necesariamente responden a una orientación estratégica.

Lamentablemente, tales esfuerzos aún se desarrollan de manera aislada y desarticulada, por lo que no cambian sustantivamente el desempeño global de la organización.

Como ejemplo, podemos citar el caso del Estado Peruano, que ha dictado una Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, publicado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Dicho documento expresa que -en la búsqueda de una Administración Pública eficiente enfocada en resultados y que rinda cuentas a los ciudadanos sin afectar las autonomías que les confiere la ley- las entidades todas están llamadas a formular planes y emprender acciones de modernización de su gestión a fin de mejorar su desempeño al servicio de los ciudadanos.

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Problemas de gestión a resolver

Modernizar la gestión pública es una responsabilidad de todas las autoridades, funcionarios y servidores del Estado en cada uno de sus organismos y niveles de gobierno. En ese sentido, cualquier esfuerzo que apunte a elevar los niveles de desempeño de las entidades del Estado a favor de los ciudadanos, debe involucrar a los diversos sectores y niveles de gobierno.

Sin embargo, en Perú -a pesar de que en los últimos años la recaudación fiscal y el presupuesto público se han incrementado sustancialmente- las entidades públicas siguen teniendo una limitada capacidad de gestión, lo cual les impide proveer con eficacia, eficiencia y transparencia servicios públicos de calidad a los ciudadanos

¿Cuáles son los principales problemas de gestión que deben ser resueltos?

1. Ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el sistema de presupuesto público.

Ellos han identificado problemas en la definición de objetivos. Determinan que no se asegura el alineamiento de los Planes de Desarrollo Concertado (PDC), los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y los Planes Operativos Institucionales (POI) ni la vinculación de estos con los documentos de gestión y los programas presupuestales. Es por eso que, en la práctica, no logran utilizar el planeamiento como herramienta efectiva de gestión y no articulan el plan y el presupuesto público.

2. Infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente.

Las carencias de planificación y gestión de tecnologías de información son percibidas como únicas responsables del soporte técnico y no como un área que puede aportar al planeamiento y gestión de la institución en cuanto a la identificación y gestión de las necesidades tecnológicas para apoyar las funciones sustantivas de la institución y con ello, coadyuvar a la consecución de sus metas y resultados de gestión.

3. Limitada evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades.

Como consecuencia de la falta de un sistema de planificación que defina objetivos claros y mesurables tomando en cuenta las brechas de necesidades de la población por cerrar, las entidades no cuentan con tableros de indicadores cuantitativos y cualitativos para monitorear su gestión en los diferentes niveles de objetivos y responsabilidad sobre los mismos. Además, se identifica que la información para la toma de decisiones no necesariamente pasa por procesos rigurosos de control de calidad.

4. Innovación y aprovechamiento de las tecnologías.

Para alcanzar los resultados que la ciudadanía espera, se requiere que las entidades públicas avancen en un proceso constante de revisión y renovación de los procesos y procedimientos mediante los cuales implementan sus acciones. Esto las llevará, seguramente, a implementar nuevas propuestas de servicios o procedimientos que innoven su gestión para responder mejor a las expectativas de los ciudadanos y empresas. Ese proceso constante de innovación debe incorporar el aprovechamiento intensivo de tecnologías apropiadas, no solo a nivel de dependencias prestadoras de servicios sino también de aquellas responsables de sistemas administrativos. De esta manera, dichas tecnologías contribuyan al cambio y mejora de la gestión pública.

Una gestión pública orientada a resultados efectiva se alcanzará cuando las entidades estén en capacidad de:

1. Establecer objetivos claros y articulados, a nivel sectorial así como territorial (nacional, regional y local), expresados en metas de producción (cantidades de servicios de una determinada calidad) que brindarán como resultado un mayor nivel de satisfacción al ciudadano.
2. Reasignar los recursos presupuestales para maximizar los niveles de producto y resultados esperados. Es decir, formular el presupuesto en función de los objetivos establecidos en los planes.
3. Desarrollar y optimizar los procesos de producción o trabajo (la “cadena de valor”) y los de soporte (que alimentan a los anteriores) con el fin de alcanzar los niveles de producción de bienes y servicios públicos de calidad esperados por la población, con la mayor eficacia y eficiencia posibles en el uso de los recursos.
4. Reordenar o reorganizar a nivel nacional, regional y local, las competencias y funciones contenidas en la estructura funcional actual, adecuándolos a una organización basada en procesos de la cadena de valor.
5. Establecer un sistema de indicadores de desempeño y resultados que le permitan monitorear y evaluar si los insumos se están transformando en los productos cuyos resultados son los que los ciudadanos demandan, y si están aplicando los procesos más eficaces y eficientes. La información que provea el monitoreo y desempeño deberá capitalizarse en un Sistema de Gestión

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